PUERTO LIBERTAD. El municipio de Puerto Libertad oficializó su adhesión al Decreto Provincial N° 776, que establece la realización de exámenes toxicológicos obligatorios y aleatorios para funcionarios públicos, convirtiéndose en una de las primeras localidades de Misiones en implementar la iniciativa impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua.

La medida se enmarca dentro de una estrategia provincial orientada a fortalecer la transparencia institucional, garantizar la integridad de la gestión pública y prevenir cualquier vínculo del narcotráfico con los distintos niveles del Estado.

Posteriormente, otros municipios como Leandro N. Alem, Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Eldorado y Garupá también avanzaron en la adhesión a esta política pública.

Puerto Libertad, pionero en la implementación local

En Puerto Libertad, el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 003/2026, posteriormente promulgada por el intendente Fernando Ferreira mediante la Resolución “B” N° 20 del 18 de mayo.

La normativa dispone la realización de controles toxicológicos obligatorios, anuales y aleatorios para el intendente y todos los responsables de las áreas municipales hasta el rango de director o equivalente.

Entre los fundamentos de la ordenanza se destaca la necesidad de “dar a la sociedad un ejemplo inequívoco de congruencia para garantizar que el narcotráfico no forme parte de los eslabones de gobierno”.

Asimismo, se estableció que el primer examen deberá realizarse dentro de los 90 días posteriores a la publicación oficial de la normativa.

Qué sustancias se controlarán

Los análisis buscarán detectar la presencia de metabolitos asociados al consumo de cannabinoides, cocaína, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, MDA y barbitúricos, salvo aquellos casos debidamente respaldados mediante prescripción médica.

La implementación estará coordinada entre la Secretaría de Prevención de Adicciones y el Ministerio de Salud Pública de Misiones, organismos que deberán articular los mecanismos de control en un plazo no mayor a 30 días.

Garantías, confidencialidad y asistencia integral

La ordenanza también incorpora un esquema de protección de derechos para los funcionarios alcanzados por la medida.

En ese sentido, se garantiza la confidencialidad de los resultados, el derecho a la defensa, la no discriminación y la protección de los datos personales, en concordancia con la Ley Nacional 25.326.

En caso de obtenerse un resultado positivo, el informe será remitido de forma reservada al Departamento Ejecutivo Municipal, que evaluará la continuidad del funcionario en sus funciones.

Paralelamente, la normativa prevé la activación de mecanismos de asistencia integral, acompañamiento, contención y recuperación para la persona afectada.

Además, el Concejo Deliberante fue invitado a adherir a la iniciativa dentro de sus competencias, ampliando el alcance de los controles a los distintos poderes del Estado municipal.

La supervisión externa del proceso estará a cargo de un Comité de Auditoría integrado por el Colegio de Médicos y el Colegio de Bioquímicos de Misiones.

Un decreto provincial con alcance estratégico

El Decreto Provincial N° 776 alcanza al Gobernador, Vicegobernador, autoridades superiores de la Administración Central, directores de entes autárquicos y personal jerárquico provincial.

También prevé controles aleatorios para integrantes de la Policía de Misiones, el Servicio Penitenciario Provincial, el Ministerio de Salud Pública y otras dependencias estratégicas del Estado.

Los plazos establecidos son coincidentes para todos los organismos: 90 días para la realización del primer examen tanto para funcionarios en ejercicio como para nuevas designaciones.

Ante resultados positivos, el protocolo provincial contempla evaluaciones específicas que podrían derivar en medidas disciplinarias o relevos de funciones, siempre bajo el respeto de las garantías constitucionales.

Con esta decisión, Puerto Libertad da un paso concreto en la consolidación de políticas públicas orientadas a combatir el narcotráfico, fortalecer la transparencia y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.